Mes: agosto 2017

Casi sin querer, parece ser que el Parlament balear aprobó días atrás una modificación normativa de cierto calado sobre alquileres turísticos. Este tipo de alquiler se encontraba ya regulado en la ley de turismo de 2012, si bien en ella se limitaba la posibilidad de alquilar viviendas como servicio turístico a las viviendas unifamiliares aisladas, esto es, chalés, casas de campo y edificaciones análogas. Con ello se acotaba un perfil de edificación concreto pero, sobre todo, se limitaba el número de plazas potencialmente ofertables, pues la mayor parte de viviendas en Baleares son pisos ubicados en edificios plurifamiliares y estos quedaban fuera de juego.

Sin embargo, el actual gobierno ecosocialsoberanista ha promovido la modificación de esta regulación para permitir, a priori, el uso de cualquier piso como alquiler vacacional, si bien con la posibilidad de restringir esta potestad en función de unas posteriores zonificaciones o de límites en razón del número de viviendas por propietario. Incluso parece ser que se fomenta, con algunos límites, que uno alquile su propia vivienda.

Antes de nada, debo confesar mi estupor por el hecho de que esta propuesta liberalizadora provenga de un gobierno tan supuestamente escorado a la izquierda, pues a mí me recuerda mucho a lo que décadas atrás se llamó capitalismo popular y que propugnó sobre todo Margaret Thatcher, alentando a que todo británico fuera empresario. En esta misma línea, parece que el actual gobierno ha optado por hacer renacer el thatcherismo más clásico, ofreciendo la posibilidad a todo balear de convertirse en lo que siempre ha querido ser: un hotelero.

Mi estupor se acrecienta si tenemos en cuenta como los ecosoberanistas, promotores directos de la norma, han demonizado tradicionalmente al hotelero como origen de todas las plagas bíblicas de la balearización. Es de justicia reconocer en ello el mérito del vicepresidente Barceló como el más digno sucesor de Ionesco, y eso que los artistas de Podemos no se lo ponen nunca fácil.

Es verdad que, al final, la ley que se ha aprobado es básicamente un desaguisado jurídico sobre el que nadie se atreve a aventurar lo que regula. Pero esto, en el fondo, casi es lo de menos. Lo preocupante de la propuesta es el mensaje que se lanza de que todo habitáculo balear, incluido el propio, es un hotelito en potencia. Un mensaje que muchos ya habían interiorizado, hasta el punto de que es fácil encontrar personas que viven en verano en casa de sus padres para poder alquilar así su propia vivienda con importantes beneficios. Cuando se trata de ganar dinero, aquí todo vale. Ya se sabe, lo que de verdad importa es poder realizar el viaje soñado o conducir un coche de esos que a uno le diferencian del vulgo mileurista.

En sí esto es ya un primer problema, pues lo que realmente promueve esta normativa no es otra cosa que la codicia, hasta el punto de incitar al ciudadano balear a sacrificar la inviolabilidad del domicilio y permitir su uso por desconocidos con solvencia económica acreditada. Mientras los británicos siguen sosteniendo, desde hace siglos, aquello de My home is my castle, en Baleares acabamos de proclamar por ley que “mi casa es mi hotel”.

Se me puede contraponer que no es misión del legislador legislar sobre las virtudes del ciudadano y que todos somos libres de ser codiciosos si queremos. Podríamos discutir mucho sobre ello, aunque no es este el lugar, ni es mi intención abogar por la penalización de la avaricia. Pero pienso que sería un error permitir que nuestras leyes propugnasen un modelo de ciudadano al estilo de Shylock o Scrooge.

No obstante, los efectos de esta norma van más allá de la propagación de determinados estereotipos literarios. Son harto conocidos los efectos de la proliferación de este tipo de actividad en el mercado de la vivienda, sobre todo el del alquiler, con lo que las posibilidades de que los jóvenes se emancipen o de que trabajadores de fuera puedan establecerse aquí se reducen muchísimo.

Por otra parte, ya se empieza notar en algunos barrios tradicionalmente residenciales el predominio del uso turístico, lo que terminará transformando ese barrio provocando que sus servicios y comercios cierren o se adapten a la estacionalidad propia del flujo de turistas: ajetreado bullicio en verano y un barrio a medio gas en invierno, con bares a media jornada y colmados en régimen de fijo discontinuo. Al final, lo que resulta de este proceso no es algo tan distinto a un gueto, aunque en este caso sea de alto standing. Pero no por ello deja de ser un gueto.

No quiero decir con ello que la alternativa sea la prohibición. Yo no me opongo a que existan viviendas que se alquilen como uso turístico, pero sí a convertir las ciudades y los pueblos en complejos hoteleros. Y a eso vamos si esa posibilidad no se limita.

La función social del derecho a la propiedad privada, que proclama el artículo 33 de nuestra Constitución, ampara no solo que deba garantizarse, por ejemplo, el disfrute de una vivienda digna y adecuada, sino también poder vivir en un pueblo o ciudad que permita la convivencia y la vida comunitaria de sus vecinos. Y garantizar esto corresponde en primer lugar a los poderes públicos.

La normativa sobre el alquiler turístico aprobada la legislatura anterior es sin duda mejorable, pero ello no debe pasar por ceder a las ansias de dinero fácil de muchos propietarios, dispuestos a ceder su propio hogar a cambio de unas perras. La ciudad es de todos, incluso de aquellos que no figuran en el Registro de la Propiedad. Y debe ser para todos, incluidos los que nos visitan. Con independencia de que, en su casa, cada uno se sienta en su castillo.

 

(Publicado en El Mundo-El Día de Baleares el 28 de julio de 2017)

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Como ocurre en la entrada de un buffet libre un domingo a mediodía, en cada proceso electoral vemos como los partidos tradicionales y los nuevos se baten a empujones para ver quién entra primero y consigue una mejor posición que los demás. Lejos de desvanecerse, como algunos habían soñado, los partidos emergentes van arrinconando a los decrépitos partidos de toda la vida, que sin embargo se resisten a morir del todo. Según el país que se trate, los partidos más radicales se sitúan a derecha o a izquierda y su volatilidad es elevada, para consuelo de sus rivales. Mayor pánico, aunque inconfesado, provocan los partidos moderados, cuyos líderes aparecen siempre impolutos y con un aspecto sano, como si acabaran de rodar el anuncio de un champú anticaspa. Pero ¿a qué viene esta debacle general?

No son pocos los análisis que se han venido realizando para explicar este fenómeno, centrado sobre todo en la aparición de lo que se ha venido a llamar “populismo”. Sin embargo, llama ya la atención el uso de este término, que normalmente se caracteriza por un elevado nivel de desideologización y que hoy, paradójicamente, se atribuye a las fuerzas políticas más ideologizadas. Lo cierto es, en todo caso, que su éxito es indiscutible en muchos lugares y entre importantes capas sociales, y una de las principales causas del éxito es precisamente esta carga ideológica que conlleva.

Para entender lo que está pasando, no podemos dejar de lado el proceso de desideologización que se ha producido en las tres últimas décadas. Recordarán los lectores menos jóvenes como la caída del bloque soviético a inicios de los años 90 del siglo pasado supuso un importante cambio de paradigma. En 1992 un autor hasta entonces bastante desconocido, Francis Fukuyama, declaró el fin de la historia y el oasis de paz neoliberal se extendió en la gran mayoría de pueblos y ciudades: la economía empezó a crecer a la par que nacían milagros tecnológicos como los teléfonos móviles o Internet. El capitalismo había triunfado y se constituyó como dogma de fe. La lucha de clases se declaró enfermedad extinguida, curiosamente gracias a un tratamiento de homeopatía política a base de capitalismo y más capitalismo. El afán consumista no dejaba tiempo para seguir con las viejas etiquetas de derechas o de izquierdas. En el mundo de los partidos políticos todos se volvieron de centro, es decir, desideologizados. Y claro, se olvidaron de la gente.

La facilidad con que todo parecía funcionar era tentadora. El paradigma neoliberal permitía gobernar con una hoja de cálculo en la que uno se limitaba a ajustar valores para mantener un equilibrio mínimo. Es verdad que los partidos podían diferir a la hora de decidir qué valores se alteraban: subir tributos, endeudarse, aumentar el gasto de inversión pública, etc. Pero determinadas celdas de la hoja de cálculo estaban protegidas, garantizando así la estabilidad del sistema. Todo fue sobre ruedas hasta 2008, cuando esa misma hoja de cálculo que era adorada por la gran mayoría, de repente fue vista como un artefacto diabólico: exigía unos ajustes insólitos y unos sacrificios que superaban con creces lo que la gente estaba dispuesta a asumir. Y fue entonces cuando el sueño neoliberal de los locos años 90 acabó.

Aun así, durante años, la élite política y económica se llegó a convencer de que las ideologías eran cosa del pasado y que las personas por fin entendían, o al menos asumían, que la sociedad moderna se regía por un determinado orden y unas leyes que, de seguirse, garantizaban un futuro feliz. Pero no es así. Las personas pueden entender más o menos las leyes económicas, pero aun así se dejan llevar por estímulos muy diferentes, por impresiones, por sentimientos derivados de algún suceso concreto, por imágenes que surgen de la propia sociedad. Es decir, actúan a menudo con el corazón y no en función de la razón.

Solo así se explica por qué tantos millones de catalanes están dispuestos a apostar por la independencia de Cataluña en un referéndum tan irrealizable como de consecuencias nefastas para ellos. O por qué en Baleares el anterior gobierno del PP fracasó al minimizar la importancia de las movilizaciones de miles de padres que se oponían a que sus hijos aprendieran inglés si era en detrimento del catalán. En ambos casos, y son solo dos ejemplos aislados, la razón apuntaba indefectiblemente a una única conclusión: la gente no puede aceptar algo que es evidente que le perjudica en sus intereses más directos. Pero, de hecho, vemos que sí lo hace.

De la misma forma, fue un gran error pensar que la gente asumiría recortes y escaseces a partir de la conclusión de una hoja de cálculo. Seguramente fueron inevitables, pero alguien debió prever la contra-reacción ante la falta de aceptación general. Pero no se hizo y, por ello, las nuevas dosis de ideología que aportan los partidos más extremistas han sido recibidas con entusiasmo. La gente se aferra a los nuevos dogmas con inusitada fe (los políticos son ladrones, los extranjeros abusan del sistema, los turistas agobian etc.) mientras la élite contempla la escena con los pelos de punta y sin entender qué ocurre.

Desgraciadamente, la regeneración por la que claman los partidos tradicionales no parece ir más allá de un cambio de líderes y, en muchos casos, el mensaje sigue anclado en los datos y en las cifras, sin ser capaces de enviar un mensaje político con contenido, con ideas más allá de una simple conclusión numérica. Así no van a ningún lado y su deterioro continuará imparable, mientras sus apoyos caerán irremediablemente. Ya lo apuntaba John Henry Newman allá por 1841: “muchos hombres viven y mueren por un dogma, pero nadie es el mártir de una conclusión”.

 

(publicado en El Mundo-El Día de Baleares el 20 de julio de 2017)

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