Mes: diciembre 2018

Por mucho que indaguemos va a ser difícil encontrar, en la historia reciente de este país, un pasmo similar al generado por la desdichada sentencia del Tribunal Supremo en relación al pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados en las hipotecas. Nadie esperaba el súbito cambio de criterio que operó una de las secciones del tribunal, que dictaminó que eran los bancos los que debían abonar este impuesto al Erario Público. Al no determinarse de forma clara la retroactividad de los efectos de este fallo (nunca mejor dicho), se desató la alarma en el sector financiero, al fin y al cabo, estábamos ante un intento de cambio de las reglas del juego a mitad de partido. Semanas más tarde, el pleno de la Sala del tribunal desautorizó ese criterio y sentenció que el abono del impuesto por parte del ciudadano era ajustado a la legalidad, esperando que las aguas volvieran al cauce natural que llevaban recorriendo desde hacía años. Pero el aleteo de las togas de sus señorías había provocado, para entonces, una profunda borrasca en el océano político y económico de nuestro país.

Como suele ocurrir con los temporales, inmediatamente surgieron aquellos grupos políticos y asociaciones que obtienen su mayor gozo atacando a los bancos y a sus beneficios, obviando –como siempre– que una parte importante de sus beneficiarios son las decenas de miles de ciudadanos, en muchos casos gente mayor, que ha optado por invertir sus ahorros en acciones de estas entidades. Presionado por la turbamulta habitual, el Gobierno de la nación reaccionó dejando de lado asuntos tan trascendentales como la exhumación del cadáver de Franco, y aprobando una reforma del impuesto que obliga a los bancos a realizar ellos el pago. Lo que no decía el decreto-ley, aunque es fácil adivinarlo incluso para los menos avispados, es que el banco pagará el impuesto con el dinero del cliente, claro. Como suelen decir los grandes analistas de este país, con la iniciativa del Gobierno este asunto ha dado un giro de 360º. Es decir, nada.

Naturalmente, lo peor no es esta revolución al estilo del Gatopardo, que nos deja exactamente en el mismo sitio donde estábamos. Lo peor es el barro que nos queda tras haber cesado la riada de despropósitos. Uno ya empieza a sospechar que algo va mal cuando escucha que Pedro Sánchez, doctor en economía y presidente del Gobierno, sostiene que lo bueno de la democracia es que no siempre tienen que pagar los mismos. Desconozco si el presidente ha explicado mejor lo que quería decir, pero me consta que alguna gente vive, desde entonces, atemorizada ante la perspectiva de acabar viendo cómo cambia la ley para que sea el trabajador el que tenga que costear el sueldo en lugar del patrón o el pescadero pagando al que se lleva sus lenguados. El mundo al revés.

Pero, bobadas aparte, existe una razón de fondo que explica estos y otros acontecimientos. Un común denominador que, a la luz de lo que ha pasado en los últimos tiempos, viene a consistir en una especie de principio general del Derecho que parece inspirar todo tipo de normativas y sentencias. El fundamento de este principio se sustenta en el hecho, quiero pensar que no probado, de que los ciudadanos en general adolecemos de una pasmosa ignorancia que incita al abuso por parte de empresas y corporaciones. Esto es, que por el motivo que sea, piensa el legislador que fácilmente nos toman por tontos. Tal vez tenga razón.

Hace ya unos años los poderes públicos concluyeron, en el famoso caso de las acciones preferentes, que los bancos habían engañado a sus clientes al venderles un producto cuyos riesgos estos no comprendían. Aunque los bancos se hacían el tonto, fueron muchos los clientes que obraron de buena fe y se sintieron engañados. Sin embargo, recuerdo también que en la prensa del momento se leían casos de abogados o notarios que se habían amparado en ese presunto desconocimiento para reclamar su dinero perdido. Está claro que no hay que tolerar que nos tomen por tontos, pero la experiencia demuestra que a veces hacerse el tonto sale rentable.

El actual caso de las hipotecas no descansa tanto en la presunta ignorancia de los ciudadanos como en la existencia de una posición dominante, la del banco, que puede imponer sus condiciones al cliente. No es nada nuevo. Todo el mundo sabe que, si un cliente quiere un préstamo, por lo general será el banco el que fije las condiciones y la opción del cliente no convencido será la de irse a la competencia o renunciar al préstamo. Que el banco le imponga comisiones o el pago de determinados gastos va a ser difícilmente evitable sin vulnerar la libertar de empresa. Pero esto no ocurre solo con los bancos. Intente negociar con una compañía aérea el enjundioso asunto del equipaje y verá cómo me acaba dando la razón.

Pero si el decreto-ley del Gobierno ha fracasado no realmente por esto, sino porque no ha querido abordarse una solución real. Si no tienen que pagar siempre los mismos, siguiendo la doctrina presidencial, la solución era tan fácil como regular una exención de este impuesto para los préstamos dedicados a viviendas o a las hipotecas en general. Incluso al doctor Sánchez se le podría ocurrir tan ingenioso mecanismo, pero no ha sido así. Tal vez porque con ello el Erario Público perdería dinero. Convenientemente, es ahora el propio Gobierno el que se hace el tonto.

Los más espabilados dirán que no es lo mismo un banco, que no deja de ser una empresa privada, que el Gobierno, cuya misión es velar por el interés de todos. Evidentemente no les falta razón. Pero que sean diferentes, no quiere decir que no empleen las mismas malas técnicas. La complejidad que suelen tener, por ejemplo, las normas tributarias, no tienen nada que envidiar a los más enconados folletos bancarios. Pero, al contrario que con los bancos, con Hacienda cuesta más que salga rentable hacerse el tonto. Puede salir incluso muy caro.

Afortunadamente, en un Estado de Derecho, el ciudadano siempre tiene la posibilidad de denunciar aquellas situaciones que considera abusivas, incluso las que provienen de la Hacienda Pública. Todos podemos reivindicar, en definitiva, el derecho a que no nos tomen por tontos. Sin embargo, las denuncias ante los abusos suelen ser pocas. Aquí sí que opera en gran medida el desconocimiento de los ciudadanos de lo que son sus derechos y sus opciones. Tal vez, de cara a nuevo año, no estaría de más hacerse el propósito de sustituir los recurrentes cursos de inglés por otro de asuntos financieros y empezar a espabilar un poco. Siempre he pensado que hay algo de paletismo en la obsesión de este país en aprender idiomas, como si saber inglés fuera la panacea. Al fin y al cabo, un idioma es algo vacío si la persona no le aporta algún contenido. Vamos, que un mecánico de coches puede tener más oportunidades de trabajar si habla tres idiomas, pero un atontado difícilmente dejará de serlo por el hecho de ser políglota. Otra cosa es lo que le convenga.

Publicado originalmente en El Mundo/El Día de Baleares el 22/11/2018