En determinados sectores de nuestra ciudadanía han causado cierto asombro las declaraciones de algunos justiciables en el mediático juicio del procés, al alegar que sus actos no pueden ser castigados porque fueron realizados con un fin democrático. Se trata, sin duda, de un desafortunado razonamiento que parece dar a entender que la democracia puede prescindir del ordenamiento jurídico, lo que tiene tan poco sentido como pretender atarse los cordones del zapato prescindiendo del zapato.
Podemos tener zapatos sin cordones, pero de poco sirven los cordones sin el zapato que los necesita. De la misma manera, pueden existir leyes sin democracia, pero no hay democracia sin leyes. Lo que sustenta la democracia no es el pueblo, la ciudadanía o el censo electoral. Es la ley.
Sin embargo, es digno de todo respeto y consideración el hecho de que, en el noble ejercicio del derecho a su defensa, el reo profiera argumentos que corren en sentido opuesto a la razón. Si se ve obligado a partir de una motivación jurídica débil, el recurso a la ironía puede ser una buena arma para llegar al corazón piadoso del tribunal, siempre atento a cualquier gesto que pueda romper la zozobra somnolienta de las interminables declaraciones. Pero cuando argumentos de este estilo se escuchan fuera de un tribunal, saltan todas las alarmas. Defender públicamente, como se ha hecho estos días, que votar nunca puede ser ilegal, solo puede ser fruto de un modelo educativo caduco o de algún tipo de trastorno que perjudica el entendimiento hasta límites insospechados.
Porque votar, como jugar a los chinos, es tan solo una forma como otra cualquiera de tomar una decisión. Si esa decisión, o las causas que la motivan o alguna otra circunstancia, son contrarias a la ley, también es ilegal la propia toma de decisión. Cuando un grupo de delincuentes elige a quien le toca descuartizar a la viuda octogenaria, mientras los demás desvalijan su ajuar, se está cometiendo un delito. Nadie puede pensar que será una eximente ante el juez, el que lo hayan decidido en una elección a través de voto secreto y con un notario presente.
De la misma manera que un referéndum puede ser ilegal, también puede no ser democrático. Prueba de ello son los numerosos referéndums que suelen organizar los dictadores. Franco, sin ir más lejos, organizó dos. Incluso puede darse el caso de que unas elecciones democráticas sirvan para cargarse la democracia, como ocurrió en Alemania cuando con ellas se propició el ascenso de Hitler al poder.
Como sabe incluso el más necio, democracia significa, etimológicamente, el gobierno del pueblo. El problema del necio suele ser que, sabiendo eso, se convence no solo de su dominio del griego clásico, sino de que también lo sabe todo sobre la democracia. Lo que desconoce, posiblemente, es que los griegos inteligentes, como Platón, huían de la democracia como de la lepra, pues la veían propensa al caos y a caer bajo el influjo de demagogos y sinvergüenzas, que no aspiraban a otra cosa que a convertirse en tiranos.
Hoy, casi dos mil quinientos años después, nadie en su sano juicio negará que la democracia atrae a los demagogos y farsantes, como la luz atrae a los mosquitos. Sin embargo, Platón se equivocaba al predecir la natural inestabilidad de la democracia, pues no preveía que esta pudiera ejercerse de forma estable a largo plazo, simplemente haciendo uso de una resistente mosquitera. Y la mosquitera de la democracia es el Estado de Derecho.
Como es fácil adivinar, este supone la primacía de ley, aunque no de cualquier ley. En una democracia, la ley se aprueba por los representantes de la soberanía nacional, pero dentro de unos límites. No puede aprobarse cualquier ley de cualquier manera, ni con cualquier contenido. Por una parte, deben seguirse unos procedimientos y unas reglas que garanticen el debate y la participación de las diferentes opciones políticas. Y, por otra, deben tenerse en cuenta unos principios básicos, como el respeto a los derechos fundamentales o el sometimiento a las normas de rango superior, como la Constitución. Todo ello es fundamental para conformar un verdadero Estado de Derecho y empezar a pensar en un sistema democrático. Pero incluso esto, posiblemente, no es todavía lo más importante.
Lo más importante es que el Estado, esa gran estructura de poder que tiene a su alcance el dictado de normas y el control de las fuerzas policiales, que cobra impuestos y administra los bienes públicos, también está sometido a las leyes. De hecho, el origen del Estado de Derecho lo encontramos en los intentos de establecer la primacía de la ley o, al menos, de algunas leyes, por encima de la voluntad del rey. Ello no siempre garantizaba que la ley fuera justa. Pero sí que, por injusta que fuera, una vez conocida y vigente, incluso el poder regio quedaba sometido a ella.
Este principio de supremacía de la ley sigue siendo un pilar fundamental para limitar el poder del soberano y permitir la instauración de una democracia. La gran diferencia estará en que, con la democracia, será el conjunto de los ciudadanos, y no un rey, el que ostente el poder soberano. Un poder que delegarán en el presidente de la república, si lo hubiere, y en sus representantes en las asambleas legislativas, pero siempre por un tiempo limitado y con unas condiciones fijadas en la Constitución. Sin embargo, tampoco ese nuevo poder soberano puede sustraerse al sometimiento a las leyes aprobadas por las instituciones indicadas para ello. Ni va a poder hacerlo el gobierno surgido de un sistema democrático, por mucha legitimidad electoral que pretenda tener.
Una importante consecuencia de todo esto es que el uso de herramientas propias de los sistemas democráticos, como los procesos electorales o las decisiones formales del parlamento, no tiene la capacidad de convertir una acción ilegal en legal. Por mucho que se le intente dar forma democrática a una ilegalidad, toda la parafernalia añadida resulta irrelevante. Lo contrario sería tan absurdo como pretender que hubiera que exculpar al carpintero que asesina a su vecino porque ha usado una herramienta tan propia de su oficio como es un martillo.
Por las mismas razones tampoco legaliza una acción ilícita el que tenga el respaldo de una muchedumbre recorriendo las calles de las ciudades, por muchos que sean y por fuerte que griten. Muy distinto es que, si llegan a convencer a muchos, llegue un día en que los que griten sean la mayoría de la gente. En ese momento sí que es posible que subviertan la situación y acaben imponiendo sus pretensiones a los demás, torciendo las leyes vigentes. Pero, aunque sea la mayoría de la población, la acción seguirá siendo ilegal. En este caso, no solo estaremos ante una acción ilegal, sino que también será revolucionaria. Una revolución cuya primera víctima, curiosamente, habrá sido la democracia, pero a la que, por desgracia, seguirán muchas más.
Publicado en El Mundo/El Día de Baleares el 3 de marzo de 2019
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