Casi sin querer, parece ser que el Parlament balear aprobó días atrás una modificación normativa de cierto calado sobre alquileres turísticos. Este tipo de alquiler se encontraba ya regulado en la ley de turismo de 2012, si bien en ella se limitaba la posibilidad de alquilar viviendas como servicio turístico a las viviendas unifamiliares aisladas, esto es, chalés, casas de campo y edificaciones análogas. Con ello se acotaba un perfil de edificación concreto pero, sobre todo, se limitaba el número de plazas potencialmente ofertables, pues la mayor parte de viviendas en Baleares son pisos ubicados en edificios plurifamiliares y estos quedaban fuera de juego.
Sin embargo, el actual gobierno ecosocialsoberanista ha promovido la modificación de esta regulación para permitir, a priori, el uso de cualquier piso como alquiler vacacional, si bien con la posibilidad de restringir esta potestad en función de unas posteriores zonificaciones o de límites en razón del número de viviendas por propietario. Incluso parece ser que se fomenta, con algunos límites, que uno alquile su propia vivienda.
Antes de nada, debo confesar mi estupor por el hecho de que esta propuesta liberalizadora provenga de un gobierno tan supuestamente escorado a la izquierda, pues a mí me recuerda mucho a lo que décadas atrás se llamó capitalismo popular y que propugnó sobre todo Margaret Thatcher, alentando a que todo británico fuera empresario. En esta misma línea, parece que el actual gobierno ha optado por hacer renacer el thatcherismo más clásico, ofreciendo la posibilidad a todo balear de convertirse en lo que siempre ha querido ser: un hotelero.
Mi estupor se acrecienta si tenemos en cuenta como los ecosoberanistas, promotores directos de la norma, han demonizado tradicionalmente al hotelero como origen de todas las plagas bíblicas de la balearización. Es de justicia reconocer en ello el mérito del vicepresidente Barceló como el más digno sucesor de Ionesco, y eso que los artistas de Podemos no se lo ponen nunca fácil.
Es verdad que, al final, la ley que se ha aprobado es básicamente un desaguisado jurídico sobre el que nadie se atreve a aventurar lo que regula. Pero esto, en el fondo, casi es lo de menos. Lo preocupante de la propuesta es el mensaje que se lanza de que todo habitáculo balear, incluido el propio, es un hotelito en potencia. Un mensaje que muchos ya habían interiorizado, hasta el punto de que es fácil encontrar personas que viven en verano en casa de sus padres para poder alquilar así su propia vivienda con importantes beneficios. Cuando se trata de ganar dinero, aquí todo vale. Ya se sabe, lo que de verdad importa es poder realizar el viaje soñado o conducir un coche de esos que a uno le diferencian del vulgo mileurista.
En sí esto es ya un primer problema, pues lo que realmente promueve esta normativa no es otra cosa que la codicia, hasta el punto de incitar al ciudadano balear a sacrificar la inviolabilidad del domicilio y permitir su uso por desconocidos con solvencia económica acreditada. Mientras los británicos siguen sosteniendo, desde hace siglos, aquello de My home is my castle, en Baleares acabamos de proclamar por ley que “mi casa es mi hotel”.
Se me puede contraponer que no es misión del legislador legislar sobre las virtudes del ciudadano y que todos somos libres de ser codiciosos si queremos. Podríamos discutir mucho sobre ello, aunque no es este el lugar, ni es mi intención abogar por la penalización de la avaricia. Pero pienso que sería un error permitir que nuestras leyes propugnasen un modelo de ciudadano al estilo de Shylock o Scrooge.
No obstante, los efectos de esta norma van más allá de la propagación de determinados estereotipos literarios. Son harto conocidos los efectos de la proliferación de este tipo de actividad en el mercado de la vivienda, sobre todo el del alquiler, con lo que las posibilidades de que los jóvenes se emancipen o de que trabajadores de fuera puedan establecerse aquí se reducen muchísimo.
Por otra parte, ya se empieza notar en algunos barrios tradicionalmente residenciales el predominio del uso turístico, lo que terminará transformando ese barrio provocando que sus servicios y comercios cierren o se adapten a la estacionalidad propia del flujo de turistas: ajetreado bullicio en verano y un barrio a medio gas en invierno, con bares a media jornada y colmados en régimen de fijo discontinuo. Al final, lo que resulta de este proceso no es algo tan distinto a un gueto, aunque en este caso sea de alto standing. Pero no por ello deja de ser un gueto.
No quiero decir con ello que la alternativa sea la prohibición. Yo no me opongo a que existan viviendas que se alquilen como uso turístico, pero sí a convertir las ciudades y los pueblos en complejos hoteleros. Y a eso vamos si esa posibilidad no se limita.
La función social del derecho a la propiedad privada, que proclama el artículo 33 de nuestra Constitución, ampara no solo que deba garantizarse, por ejemplo, el disfrute de una vivienda digna y adecuada, sino también poder vivir en un pueblo o ciudad que permita la convivencia y la vida comunitaria de sus vecinos. Y garantizar esto corresponde en primer lugar a los poderes públicos.
La normativa sobre el alquiler turístico aprobada la legislatura anterior es sin duda mejorable, pero ello no debe pasar por ceder a las ansias de dinero fácil de muchos propietarios, dispuestos a ceder su propio hogar a cambio de unas perras. La ciudad es de todos, incluso de aquellos que no figuran en el Registro de la Propiedad. Y debe ser para todos, incluidos los que nos visitan. Con independencia de que, en su casa, cada uno se sienta en su castillo.
(Publicado en El Mundo-El Día de Baleares el 28 de julio de 2017)