Presuntos tontos

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Por mucho que indaguemos va a ser difícil encontrar, en la historia reciente de este país, un pasmo similar al generado por la desdichada sentencia del Tribunal Supremo en relación al pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados en las hipotecas. Nadie esperaba el súbito cambio de criterio que operó una de las secciones del tribunal, que dictaminó que eran los bancos los que debían abonar este impuesto al Erario Público. Al no determinarse de forma clara la retroactividad de los efectos de este fallo (nunca mejor dicho), se desató la alarma en el sector financiero, al fin y al cabo, estábamos ante un intento de cambio de las reglas del juego a mitad de partido. Semanas más tarde, el pleno de la Sala del tribunal desautorizó ese criterio y sentenció que el abono del impuesto por parte del ciudadano era ajustado a la legalidad, esperando que las aguas volvieran al cauce natural que llevaban recorriendo desde hacía años. Pero el aleteo de las togas de sus señorías había provocado, para entonces, una profunda borrasca en el océano político y económico de nuestro país.

Como suele ocurrir con los temporales, inmediatamente surgieron aquellos grupos políticos y asociaciones que obtienen su mayor gozo atacando a los bancos y a sus beneficios, obviando –como siempre– que una parte importante de sus beneficiarios son las decenas de miles de ciudadanos, en muchos casos gente mayor, que ha optado por invertir sus ahorros en acciones de estas entidades. Presionado por la turbamulta habitual, el Gobierno de la nación reaccionó dejando de lado asuntos tan trascendentales como la exhumación del cadáver de Franco, y aprobando una reforma del impuesto que obliga a los bancos a realizar ellos el pago. Lo que no decía el decreto-ley, aunque es fácil adivinarlo incluso para los menos avispados, es que el banco pagará el impuesto con el dinero del cliente, claro. Como suelen decir los grandes analistas de este país, con la iniciativa del Gobierno este asunto ha dado un giro de 360º. Es decir, nada.

Naturalmente, lo peor no es esta revolución al estilo del Gatopardo, que nos deja exactamente en el mismo sitio donde estábamos. Lo peor es el barro que nos queda tras haber cesado la riada de despropósitos. Uno ya empieza a sospechar que algo va mal cuando escucha que Pedro Sánchez, doctor en economía y presidente del Gobierno, sostiene que lo bueno de la democracia es que no siempre tienen que pagar los mismos. Desconozco si el presidente ha explicado mejor lo que quería decir, pero me consta que alguna gente vive, desde entonces, atemorizada ante la perspectiva de acabar viendo cómo cambia la ley para que sea el trabajador el que tenga que costear el sueldo en lugar del patrón o el pescadero pagando al que se lleva sus lenguados. El mundo al revés.

Pero, bobadas aparte, existe una razón de fondo que explica estos y otros acontecimientos. Un común denominador que, a la luz de lo que ha pasado en los últimos tiempos, viene a consistir en una especie de principio general del Derecho que parece inspirar todo tipo de normativas y sentencias. El fundamento de este principio se sustenta en el hecho, quiero pensar que no probado, de que los ciudadanos en general adolecemos de una pasmosa ignorancia que incita al abuso por parte de empresas y corporaciones. Esto es, que por el motivo que sea, piensa el legislador que fácilmente nos toman por tontos. Tal vez tenga razón.

Hace ya unos años los poderes públicos concluyeron, en el famoso caso de las acciones preferentes, que los bancos habían engañado a sus clientes al venderles un producto cuyos riesgos estos no comprendían. Aunque los bancos se hacían el tonto, fueron muchos los clientes que obraron de buena fe y se sintieron engañados. Sin embargo, recuerdo también que en la prensa del momento se leían casos de abogados o notarios que se habían amparado en ese presunto desconocimiento para reclamar su dinero perdido. Está claro que no hay que tolerar que nos tomen por tontos, pero la experiencia demuestra que a veces hacerse el tonto sale rentable.

El actual caso de las hipotecas no descansa tanto en la presunta ignorancia de los ciudadanos como en la existencia de una posición dominante, la del banco, que puede imponer sus condiciones al cliente. No es nada nuevo. Todo el mundo sabe que, si un cliente quiere un préstamo, por lo general será el banco el que fije las condiciones y la opción del cliente no convencido será la de irse a la competencia o renunciar al préstamo. Que el banco le imponga comisiones o el pago de determinados gastos va a ser difícilmente evitable sin vulnerar la libertar de empresa. Pero esto no ocurre solo con los bancos. Intente negociar con una compañía aérea el enjundioso asunto del equipaje y verá cómo me acaba dando la razón.

Pero si el decreto-ley del Gobierno ha fracasado no realmente por esto, sino porque no ha querido abordarse una solución real. Si no tienen que pagar siempre los mismos, siguiendo la doctrina presidencial, la solución era tan fácil como regular una exención de este impuesto para los préstamos dedicados a viviendas o a las hipotecas en general. Incluso al doctor Sánchez se le podría ocurrir tan ingenioso mecanismo, pero no ha sido así. Tal vez porque con ello el Erario Público perdería dinero. Convenientemente, es ahora el propio Gobierno el que se hace el tonto.

Los más espabilados dirán que no es lo mismo un banco, que no deja de ser una empresa privada, que el Gobierno, cuya misión es velar por el interés de todos. Evidentemente no les falta razón. Pero que sean diferentes, no quiere decir que no empleen las mismas malas técnicas. La complejidad que suelen tener, por ejemplo, las normas tributarias, no tienen nada que envidiar a los más enconados folletos bancarios. Pero, al contrario que con los bancos, con Hacienda cuesta más que salga rentable hacerse el tonto. Puede salir incluso muy caro.

Afortunadamente, en un Estado de Derecho, el ciudadano siempre tiene la posibilidad de denunciar aquellas situaciones que considera abusivas, incluso las que provienen de la Hacienda Pública. Todos podemos reivindicar, en definitiva, el derecho a que no nos tomen por tontos. Sin embargo, las denuncias ante los abusos suelen ser pocas. Aquí sí que opera en gran medida el desconocimiento de los ciudadanos de lo que son sus derechos y sus opciones. Tal vez, de cara a nuevo año, no estaría de más hacerse el propósito de sustituir los recurrentes cursos de inglés por otro de asuntos financieros y empezar a espabilar un poco. Siempre he pensado que hay algo de paletismo en la obsesión de este país en aprender idiomas, como si saber inglés fuera la panacea. Al fin y al cabo, un idioma es algo vacío si la persona no le aporta algún contenido. Vamos, que un mecánico de coches puede tener más oportunidades de trabajar si habla tres idiomas, pero un atontado difícilmente dejará de serlo por el hecho de ser políglota. Otra cosa es lo que le convenga.

Publicado originalmente en El Mundo/El Día de Baleares el 22/11/2018

Caer en la provocación

Desde hace unos días se ha instalado en las páginas de los medios y de las redes sociales una polémica importante acerca de un autobús con publicidad aparentemente homófoba. Esta presencia no solo ha puesto en pie de guerra a entidades favorables a lo que se viene denominando la ideología de género, sino que ha provocado la reacción de la administración pública, incluso en su vertiente penal.

Paralelamente, en unas fiestas de Carnaval, se ha otorgado un premio a una representación en la que una persona aparecía vestida de Virgen María y acababa aparentando la figura de Cristo crucificado, todo ello en un contexto festivo y burlesco, lo que ha airado a no pocos creyentes.munilla

Esa coincidencia temporal ha provocado que más de uno compare el tratamiento tan distinto entre ambos acontecimientos. Así, el obispo de San Sebastián, monseñor Munilla, criticaba con ironía como en España se censuraba expeditivamente el mensaje del autocar y, en cambio, se toleraba y amparaba la parodia carnavalesca.

A todo ello, y sin entrar a valorar aspectos concretos de estos hechos, se me ocurren las siguientes reflexiones:

1. Se hace necesario buscar un equilibrio entre la libertad de expresión o de culto y los llamados delitos de odio o similares. No es fácil. Lo vemos cuando se condenan determinados chistes en Internet, o cuando alguien niega el holocausto judío… no siempre es sencillo fijar el límite.

2. Este tipo de delitos tiene un componente cultural muy fuerte y un dinamismo propio. Por tanto, lo que hace años era admitido, hoy no lo es. No hace tanto tiempo era habitual –aunque fuera en tono jocoso- llamar “sexo débil” a las mujeres. No tardaremos mucho en ver gente procesada por proferir esta frase públicamente. Al tiempo.

3. En relación al tema de la ideología de género y derivados, es verdad que choca con la forma de pensar de no pocas personas y, en especial, de muchos creyentes católicos. Pero no podemos olvidar que existe todo un corpus legal que legitima esta ideología, tanto a nivel estatal como autonómico, en muchos casos aprobado con el consenso de la mayoría de partidos, tanto de derecha como de izquierda. Por tanto, no se puede sostener que esta ideología carezca de respaldo social.

4. Que la ideología de género tenga respaldo social nada dice de su legitimidad moral y, por tanto, los que se oponen a ella tienen todo el derecho del mundo a criticarla. Es más, los cristianos tenemos incluso el deber de criticarla en aquello que atenta contra la dignidad humana conforme al Magisterio de la Iglesia.

5. También tenemos el derecho a criticar actuaciones que atentan contra nuestras creencias, pero sin olvidar que hay que exigir el respeto para las creencias de otras personas. No somos los únicos ni debemos pretender un trato especial. Es bueno que queramos que se reconozcan las raíces cristianas de nuestro país, pero estaremos ciegos si no reconocemos que la savia cristiana apenas recorre ya unas pocas ramas del árbol.

6. Sin embargo, más importante que el derecho a criticar a los demás es dar testimonio de nuestra fe. Y este es un hecho diferencial importante para entender por qué pienso que son equivocadas determinadas reacciones de creyentes frente a ciertas actitudes o prácticas.

La actuación de la organización que ha fletado el autobús es una reacción a priori legítima, sin entrar ahora en si el contenido puede infringir preceptos legales o no. Pero no es –o no debería ser- una reacción propia de un grupo que se defina como cristiano, ni por supuesto de personas o grupos vinculados institucionalmente a la Iglesia. ¿Por qué? Porque no es propio del cristiano provocar al contrario ni airar al enemigo. Es propio, sin duda, de las organizaciones del mundo, sin que con ello menoscabe su legitimidad. Pero no es esta la clase de testimonio que Jesús espera de nosotros.

Ello no quiere decir que debamos callar ni asumir las ideologías que la sociedad va imponiendo poco a poco. Ni mucho menos. Pero el cristiano no debe caer en las prácticas mundanas, pues entonces quedará confundido con los demás colectivos. No es posible luchar contra los demás con sus mismas armas, aunque con ello debamos asumir perder algunas batallas.

Recordemos el sermón de la montaña: somos dichosos cuando tenemos hambre de justicia, cuando trabajamos por la paz o cuando somos perseguidos por causa de Jesús. Pero no lo somos cuando actuamos saciados de nuestra justicia, cuando imponemos nuestra paz o cuando perseguimos a aquellos que no conocen a Jesús. Si, de todas formas, nuestro reino no es de este mundo, ¿qué sentido tiene sacrificar uno solo de nuestros principios para una batalla posiblemente perdida de antemano?

Las cosas claras con el aborto

Mientras en nuestro suelo patrio estamos sumidos en la resaca postelectoral y la desafección general por la eliminación de “la roja” de la Eurocopa, ha pasado desapercibido el enfrentamiento de las autoridades polacas con la Comisión Europea a raíz de la regulación polaca sobre el aborto. Sin entrar en el análisis del caso concreto, lo cierto es que la cuestión del aborto es un tema complejo y que suscita polémicas diversas, a la vez que no pocas veces surgen equívocos y usos perversos del lenguaje. Es por ello importante aclarar los términos y, aclarados estos, ver cuál es la posición que, en mi caso como católico, sostiene la Iglesia.

Inicialmente suele aparecer como debate jurídico acerca de si debe despenalizarse o regularse tal práctica. En las últimas décadas son muchos los países de nuestro entorno que admiten, en mayor o menor grado, una despenalización del aborto, si bien el enfoque jurídico pivota entre aquellos que priman la protección del concebido no nacido o nasciturus de aquellos que priman el derecho de la mujer a decidir sobre su función reproductora. La diferencia es importante, aunque los efectos de la regulación puedan ser semejantes en su permisividad, pues en el primer caso se admite el valor del nasciturus, mientras que en el segundo se niega o relativiza, creando un supuesto conflicto entre este y el derecho de la mujer a disponer de su cuerpo.

El debate de fondo está, en primer lugar, en si el nasciturus merece o no la protección del ordenamiento jurídico y en qué grado. Para ello es determinante la naturaleza de ese concebido no nacido. Es decir, se trata de averiguar si el concebido no nacido es un ser vivo diferente de la madre y si, de ser así, cabe considerar que se trata de un ser humano (y gozar así dela protección jurídica propia de cualquier ser humano) o se trata de otra cosa, un ser que puede tener un valor intrínseco pero que puede ser transaccionable o se le pueden oponer otros valores y derechos.

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Naturalmente, determinar cuándo un ser vivo es una persona o es otra clase de ser es algo que escapa del mundo del Derecho y es necesario buscar el auxilio de otras disciplinas. Sin embargo, esta búsqueda no es sencilla. La biología, lejos de ofrecer una respuesta clara, no se pone de acuerdo a la hora de conocer cuándo se crea una nueva persona. Indudablemente el momento inicial cabe situarlo en la concepción, donde la unión de los gametos produce una célula que, al menos genéticamente, es ya diferente de los progenitores. Pero no solo es distinta, sino que en su código genético lleva ya buena parte de lo que será ese futuro hijo o hija: si será rubio, alto o si tendrá propensión a la diabetes.

Pese a ello, lo cierto es que no todos los óvulos fecundados llegan, de forma natural, a buen puerto. Por esta razón, no son pocos los que entienden que esa unidad genética distinta necesita algo más para poder considerarse un ser humano, algo que permita entender que tiene visos de viabilidad, y por ello entienden que no puede hablarse de ser humano hasta un estadio más avanzado en el desarrollo del embrión, como cuando se advierten ciertas funciones cerebrales, se responde a determinados estímulos, etc.

Frente a esta indeterminación o falta de consenso científico, aparecen las posturas que se basan en criterios morales, religiosos o ideológicos. Y una voz importante para mucha gente es la de la Iglesia. Y la Iglesia sostiene que la protección del concebido no nacido debe realizarse desde el momento inicial de la concepción al entender que en ese momento ya existe un ser con una identidad genética propia diferente de los progenitores. Se trata de una postura coherente y razonable por diversos motivos:

En primer lugar, se trata de una postura prudente y que guarda coherencia con la concepción antropológica del hombre que sostiene al Iglesia. La realidad es que, incluso científicamente, se acredita que desde la concepción existe un ser distinto de la madre que lo cobija y en la medida que se trate de un humano, no hay que descartar ahí no solo un proceso biológico sino una intervención divina, pues solo hay humanidad donde hay una unidad de alma y cuerpo, y esa alma es creación directa de Dios. Es justo reconocer que tampoco aquí tenemos una evidencia clara de que esa primera célula haya sido dotada de un alma por el Creador. Sin embargo, tampoco se puede descartar y sería enormemente imprudente aprovecharnos de esa ignorancia y jugar con aquello en lo que Dios ha podido intervenir. Se trata de un argumento prudencial y de sentido común, algo que algunos olvidan cuando conviene. Ningún médico trasplantaría un corazón a un paciente sin asegurarse que el donante está efectivamente muerto. Sin embargo, otros no dudan en provocar abortos aun reconociendo no tener claro de si están acabando o no con la vida de una persona inocente.

En segundo lugar, esa postura prudente es coherente con la supremacía que la Iglesia reconoce a la vida y a la dignidad humana, supremacía que como sabemos deriva de ser imagen de Dios. Si la vida y la dignidad del hombre son un valor superior, en mayor medida se justifica esa prudencia a la hora de tratar con ellos. Pero más allá de la prudencia, este tratamiento permite ser coherentes en otros contextos en los que la vida y la dignidad de algunas personas se ve amenazada seriamente. Sin ir más lejos, hay personas que, debido a enfermedades, procesos degenerativos severos, accidentes graves, etc., carecen de autonomía, de la capacidad de razonar e incluso de conciencia, no responden a impulsos sensoriales … y, sin embargo, no por ello dejan de ser personas, unidades de alma y cuerpo creadas y amadas por Dios.

Esta postura de la Iglesia le lleva, consecuentemente, a rechazar la práctica del aborto en todos los sentidos, es decir, no solo frente a posibles conflictos con el derecho de las mujeres a decidir (nunca la prevalencia de ese derecho justificará matar a alguien), sino frente a regulaciones que permiten el aborto en determinadas circunstancias (concepción fruto de una violación, malformaciones del feto, etc.).

En puridad, el único conflicto que podría plantearse y que podría justificar una decisión de provocar un aborto, sería si el valor supremo de la vida del feto se enfrenta al valor equivalente de la vida de la madre, es decir, en aquellos excepcionales casos en qué, por lo que sea, el médico debe optar por salvar la vida del feto o la de la madre, pero no la de los dos por el elevado riesgo de que ambos perezcan. También aquí lo razonable es que la toma de la decisión, en la medida de lo posible, sea de la madre, que indudablemente puede optar por un acto de suma generosidad y sacrificar su vida para salvar a la de su hijo. Sin embargo, no creo que haya nadie en su sano juicio que pueda exigir tal actitud heroica a alguien, ni nadie tan retorcido que critique la decisión que la madre tome en tan dramática circunstancia.