Presuntos tontos

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Por mucho que indaguemos va a ser difícil encontrar, en la historia reciente de este país, un pasmo similar al generado por la desdichada sentencia del Tribunal Supremo en relación al pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados en las hipotecas. Nadie esperaba el súbito cambio de criterio que operó una de las secciones del tribunal, que dictaminó que eran los bancos los que debían abonar este impuesto al Erario Público. Al no determinarse de forma clara la retroactividad de los efectos de este fallo (nunca mejor dicho), se desató la alarma en el sector financiero, al fin y al cabo, estábamos ante un intento de cambio de las reglas del juego a mitad de partido. Semanas más tarde, el pleno de la Sala del tribunal desautorizó ese criterio y sentenció que el abono del impuesto por parte del ciudadano era ajustado a la legalidad, esperando que las aguas volvieran al cauce natural que llevaban recorriendo desde hacía años. Pero el aleteo de las togas de sus señorías había provocado, para entonces, una profunda borrasca en el océano político y económico de nuestro país.

Como suele ocurrir con los temporales, inmediatamente surgieron aquellos grupos políticos y asociaciones que obtienen su mayor gozo atacando a los bancos y a sus beneficios, obviando –como siempre– que una parte importante de sus beneficiarios son las decenas de miles de ciudadanos, en muchos casos gente mayor, que ha optado por invertir sus ahorros en acciones de estas entidades. Presionado por la turbamulta habitual, el Gobierno de la nación reaccionó dejando de lado asuntos tan trascendentales como la exhumación del cadáver de Franco, y aprobando una reforma del impuesto que obliga a los bancos a realizar ellos el pago. Lo que no decía el decreto-ley, aunque es fácil adivinarlo incluso para los menos avispados, es que el banco pagará el impuesto con el dinero del cliente, claro. Como suelen decir los grandes analistas de este país, con la iniciativa del Gobierno este asunto ha dado un giro de 360º. Es decir, nada.

Naturalmente, lo peor no es esta revolución al estilo del Gatopardo, que nos deja exactamente en el mismo sitio donde estábamos. Lo peor es el barro que nos queda tras haber cesado la riada de despropósitos. Uno ya empieza a sospechar que algo va mal cuando escucha que Pedro Sánchez, doctor en economía y presidente del Gobierno, sostiene que lo bueno de la democracia es que no siempre tienen que pagar los mismos. Desconozco si el presidente ha explicado mejor lo que quería decir, pero me consta que alguna gente vive, desde entonces, atemorizada ante la perspectiva de acabar viendo cómo cambia la ley para que sea el trabajador el que tenga que costear el sueldo en lugar del patrón o el pescadero pagando al que se lleva sus lenguados. El mundo al revés.

Pero, bobadas aparte, existe una razón de fondo que explica estos y otros acontecimientos. Un común denominador que, a la luz de lo que ha pasado en los últimos tiempos, viene a consistir en una especie de principio general del Derecho que parece inspirar todo tipo de normativas y sentencias. El fundamento de este principio se sustenta en el hecho, quiero pensar que no probado, de que los ciudadanos en general adolecemos de una pasmosa ignorancia que incita al abuso por parte de empresas y corporaciones. Esto es, que por el motivo que sea, piensa el legislador que fácilmente nos toman por tontos. Tal vez tenga razón.

Hace ya unos años los poderes públicos concluyeron, en el famoso caso de las acciones preferentes, que los bancos habían engañado a sus clientes al venderles un producto cuyos riesgos estos no comprendían. Aunque los bancos se hacían el tonto, fueron muchos los clientes que obraron de buena fe y se sintieron engañados. Sin embargo, recuerdo también que en la prensa del momento se leían casos de abogados o notarios que se habían amparado en ese presunto desconocimiento para reclamar su dinero perdido. Está claro que no hay que tolerar que nos tomen por tontos, pero la experiencia demuestra que a veces hacerse el tonto sale rentable.

El actual caso de las hipotecas no descansa tanto en la presunta ignorancia de los ciudadanos como en la existencia de una posición dominante, la del banco, que puede imponer sus condiciones al cliente. No es nada nuevo. Todo el mundo sabe que, si un cliente quiere un préstamo, por lo general será el banco el que fije las condiciones y la opción del cliente no convencido será la de irse a la competencia o renunciar al préstamo. Que el banco le imponga comisiones o el pago de determinados gastos va a ser difícilmente evitable sin vulnerar la libertar de empresa. Pero esto no ocurre solo con los bancos. Intente negociar con una compañía aérea el enjundioso asunto del equipaje y verá cómo me acaba dando la razón.

Pero si el decreto-ley del Gobierno ha fracasado no realmente por esto, sino porque no ha querido abordarse una solución real. Si no tienen que pagar siempre los mismos, siguiendo la doctrina presidencial, la solución era tan fácil como regular una exención de este impuesto para los préstamos dedicados a viviendas o a las hipotecas en general. Incluso al doctor Sánchez se le podría ocurrir tan ingenioso mecanismo, pero no ha sido así. Tal vez porque con ello el Erario Público perdería dinero. Convenientemente, es ahora el propio Gobierno el que se hace el tonto.

Los más espabilados dirán que no es lo mismo un banco, que no deja de ser una empresa privada, que el Gobierno, cuya misión es velar por el interés de todos. Evidentemente no les falta razón. Pero que sean diferentes, no quiere decir que no empleen las mismas malas técnicas. La complejidad que suelen tener, por ejemplo, las normas tributarias, no tienen nada que envidiar a los más enconados folletos bancarios. Pero, al contrario que con los bancos, con Hacienda cuesta más que salga rentable hacerse el tonto. Puede salir incluso muy caro.

Afortunadamente, en un Estado de Derecho, el ciudadano siempre tiene la posibilidad de denunciar aquellas situaciones que considera abusivas, incluso las que provienen de la Hacienda Pública. Todos podemos reivindicar, en definitiva, el derecho a que no nos tomen por tontos. Sin embargo, las denuncias ante los abusos suelen ser pocas. Aquí sí que opera en gran medida el desconocimiento de los ciudadanos de lo que son sus derechos y sus opciones. Tal vez, de cara a nuevo año, no estaría de más hacerse el propósito de sustituir los recurrentes cursos de inglés por otro de asuntos financieros y empezar a espabilar un poco. Siempre he pensado que hay algo de paletismo en la obsesión de este país en aprender idiomas, como si saber inglés fuera la panacea. Al fin y al cabo, un idioma es algo vacío si la persona no le aporta algún contenido. Vamos, que un mecánico de coches puede tener más oportunidades de trabajar si habla tres idiomas, pero un atontado difícilmente dejará de serlo por el hecho de ser políglota. Otra cosa es lo que le convenga.

Publicado originalmente en El Mundo/El Día de Baleares el 22/11/2018

El tatuaje digital

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En un reciente artículo publicado en la revista Foreign Policy, Tarah Wheeler, una de las más reputadas expertas en seguridad informática, formula una hipótesis altamente llamativa, aunque sea complicado verificarla. La cosa es como sigue: imaginemos por un momento que el argumento de la película Terminator fuera profético. Si así fuera, ello supondría que, en un futuro no demasiado lejano, Skynet debería enviar un ciborg asesino para acabar con la vida de la progenitora del rebelde John Connor, o como quiera que se llame su equivalente real. La gracia del ejercicio está en que, si en lugar de viajar a 1984 –como ocurre en la película original– viajase a nuestro actual 2018, disponiendo el ciborg de una conexión a internet, no tardaría más de cuatro minutos y medio en encontrar a la verdadera Sarah Connor. Con ello, y al contrario de lo que ocurre en la película, eludiría toda posibilidad de error y no se vería en la incómoda tesitura de ir matando a todas las “Sarah Connor” que se le cruzaran en su camino.

Está claro que todo esto no es más que un imaginativo ejemplo. Si realmente ha ocurrido ya, es algo que no sabremos nunca, aunque podamos intuirlo cuando las máquinas empiecen a excederse descontroladamente en sus funciones. Bromas aparte, lo que sí está bastante claro es que las tecnologías de la información ponen a disposición del público en general miles o millones de datos personales de la mayoría de nosotros, datos personales sobre los que carecemos de control. No se trata siempre de datos íntimos, como los referidos a la salud o a los impuestos que pagamos, que también. Al fin y al cabo, al menos por ahora este tipo de datos suele tener una especial protección legal que, de alguna manera, garantiza nuestra privacidad. Pero hay muchos otros datos relevantes que no gozan de esta protección y que pueden ser usados en beneficio de otros o en nuestra contra. Datos que, muchas veces, nosotros mismos no dejamos de desvelar y publicar.

Un caso que suele darse habitualmente, y que acredita lo que digo, es lo que sucede cada vez que se nombra un cargo público relevante, pongamos por caso un ministro, y a las pocas horas un batallón de navegantes ha cribado ya sus cuentas en redes sociales buscando cualquier salida de tono, chiste mal sonante o declaración que fácilmente puede ser tergiversada o sacada de contexto. Una práctica peligrosa pero real, de una clara naturaleza inquisitorial que consiste en incriminar por deslices preteridos e imprescriptibles, o por manifestaciones que pudieron ser sensatas y que son vistas hoy como erróneas. Un proceso absurdo que puede llevarnos a pensar que es mejor dejar de pensar, y sobre todo de escribir. Errar es de sabios, se decía antes. Pero hoy parece que es de insensatos e imprudentes, sobre todo si uno se expone en la web.

Y aunque las posibilidades de esta Inquisición digital nos puedan parecer lamentables, nos queda el consuelo de que su alcance es todavía limitado. Al fin y al cabo Twitter, la red donde principalmente uno tiende a escribir rápido y condensado, sin parar a pensar sobre lo que realmente ha escrito, nació en 2006 y no fue hasta finales de 2009 en que apareció su versión en español. Ello supone que el actual rango de búsqueda de meteduras de pata de los potenciales líderes políticos o sociales es, en general, de menos de diez años. Pero ¿se imaginan lo que será dentro de diez años más, cuando los actuales veinteañeros arrastren sus Instagram de la adolescencia o de sus años de universidad?

No podemos olvidar, además, que uno de los grandes males de la informática y de las redes digitales es que, como regla general, nada se borra. Aunque todos (o casi todos) aprendemos de nuestros errores, también aprendemos a corregirlos, lo que no deja de ser una buena forma de olvidarlos. Pero en Internet nada se olvida. Es verdad que usted puede cerrar su cuenta de correo electrónico o de una red social y con ello dejará de acceder a ella y a los datos que haya almacenado. Pero no tendrá ninguna seguridad de que realmente se borren ni sabrá si quedan a disposición de empresas que previamente los han recopilado (recuerde el escándalo del Cambridge Analytics) o por otras personas, incluidos los vecinos o colegas del trabajo.

Pero más allá de las paranoias de cada uno, no hace falta ir tan lejos para comprobar la pérdida de control de nuestra información. No somos solo nosotros los que nos encargamos de recopilarla y subirla a la red. Hoy es una misión casi imposible no acudir a un evento en el que no haya alguien sacando fotos o videos con su móvil. Aventúrese a participar en una fiesta patronal o a acudir a la inauguración de una exposición, y tiene muchos puntos para aparecer, aunque sea de refilón, en docenas de fotos que circularán por ahí. En algunas redes sociales, incluso etiquetarán su nombre en las imágenes, evitando futuras confusiones. Desengáñese, el Gran Hermano es ya familia numerosa.

Buena parte de lo que he contado no es desconocido para algunos lectores y servirá a más de uno para confirmar sus sospechas. Pero lo realmente importante es preguntarse hasta qué punto somos conscientes de nuestra exposición pública al hacer uso de las tecnologías.

Hay en todo esto una cierta analogía con la moda de los tatuajes. Cada uno es dueño de su epidermis, pero un tatuaje ofrece una información a los demás que debemos considerar al decidir aplicar esta punzante técnica en nuestro pellejo, sobre todo si es en un lugar especialmente visible. La información que muchas veces colocamos en Internet se asemeja bastante a un tatuaje, en el sentido de crear una imagen que nos define ante los demás. Con esta información facilitamos una idea preconcebida de nosotros mismos que, a la larga, puede no jugar a nuestro favor. Pero al contrario de lo que ocurre con los tatuajes de verdad, a menudo no somos conscientes del carácter indeleble de esa información ni de la facilidad con que es posible manipularla y usarla en nuestra contra.

Cuando subimos determinada información a Internet, quedamos desposeídos de parte de nuestra capacidad de control sobre lo que somos o manifestamos a los demás. De alguna manera nuestros recuerdos ya no nos pertenecen en su totalidad. No solo enseñamos nuestro tatuaje digital, sino que este puede ser incluso manipulado torticeramente y debemos ser conscientes de ello. Aunque después nos dejemos la piel en ir trabajando nuestra identidad, los viejos rastros del pasado pueden llegar a despellejarnos de forma inmisericorde. Ya empezamos a verlo en algunos casos y esto no ha hecho más que empezar.

Publicado en El Mundo/El Día de Baleares el 28 de octubre de 2018

Acedia

Juan Casiano fue un monje asceta nacido en la actual Rumanía a mediados del siglo IV y que dedicó buena parte de su vida a la ordenación de la vida monástica. Una de sus grandes preocupaciones era la de mantener la integridad espiritual de los monjes, que se encontraba en constante peligro ante las tentaciones de la carne. Dicha integridad podía ser puesta en peligro por múltiples vicios, siendo la acedia uno de los más comunes y que, por ello, mayor riesgo suponía.

Nuestro monje entendía la acedia como un estado de tristeza honda que sumía al monje en una asfixiante amargura que lo llevaba a alejarse del bien espiritual al que estaba llamado. Se trataba pues de un vicio con tintes de enfermedad, por lo que su afección ponía en duda la responsabilidad moral del afectado y su carácter pecaminoso. Tomás de Aquino, sin embargo, tenía pocas dudas acerca de la naturaleza de la acedia como pecado y la emparejaba ni más ni menos que con la envidia. Afirmaba el dominico que si la envidia es una oposición interior de alguien frente al gozo de los demás con sus bienes, la acedia es la oposición interior al gozo de los bienes divinos que se ponen a nuestra disposición. Por tato, la gravedad de la acedia no es el eventual perjuicio que se produce a terceros, que es en principio mínimo, ni el que se produce uno a sí mismo, sino el hecho en sí de desaprovechar o rechazar un bien espiritual que proviene de Dios.

En el ámbito religioso, o al menos en el específicamente católico, la acedia sigue siendo considerada como una actitud de relajación de la ascesis o de descuido de la oración debida a la pereza y al desabrimiento. Fuera de este ámbito, la acedia se entiende como sinónimo de pereza y de amargura o tristeza, tal y como se recoge en el actual Diccionario de la Real Academia Española, dejando atrás el origen pecaminoso o culposo del término, que va más allá del monasticismo, pues en su etimología, acedia deriva del griego akêdía, que significa negligencia.

No tengo demasiadas dudas de que sería relativamente fácil encontrar ejemplos de esa pereza negligente y triste en nuestra sociedad. Se me ocurre en el ámbito político, en el que un elevado porcentaje de la población parece haber renunciado a ejercer sus potestades que como ciudadano le viene dadas. Pero también en el ámbito familiar, donde tantos padres fuerzan extrañas delegaciones en maestros y otras personas para evitar su obligación de educar con firmeza y prudencia a sus hijos. Una negligencia vergonzante que al final acaba minando el ánimo y convirtiéndose en agria tristeza.

Toxicidad digital

No cabe duda de que el escándalo de Facebook va a dar mucho de sí. Significará, muy posiblemente, un antes y un después no solo para la empresa de Mark Zuckerberg sino en general para las redes sociales y, por extensión, para esa realidad más o menos tangible que llamamos 2.0 y cuyo más cotizado recurso es el conocido big data. En relación a Facebook, ya se está produciendo una reacción por parte de las autoridades y de muchos usuarios en las propias redes, publicitando el hashtag #deletefacebook. Es comprensible. Muchos pensaran incluso que la reacción de los usuarios es natural, al fin y al cabo, el consumidor o usuario de un bien o servicio tiene siempre ese poder último de rechazar un producto o boicotear una marca. Ha ocurrido otras veces y en algunos casos la empresa afectada ha podido sufrir fuertes reveses, si bien en la mayoría de ocasiones el boicot no pasa de ser algo pasajero que suele acabar difuminando una buena campaña de marketing y un lavado de cara de la imagen de la marca.

Esto es lo normal. Sin embargo, tengo la impresión que en este caso las cosas no son tan de manual como podría parecer. El escenario en el que deambulamos aquí no se parece en nada al de un escándalo de una marca de yogures o de un gigante de la automoción al que pillan falseando datos sobre la emisión de gases de sus vehículos. La coyuntura del caso de Facebook es muy diferente por diversos motivos.

En primer lugar, porque son pocas las personas que tienen más o menos claro lo que ha pasado, es decir, cuál es el alcance del daño que han podido sufrir los usuarios de esa red social. Aquí no estamos hablando de un hacker que haya robado datos bancarios o de tarjetas de crédito, o de un malhechor que chantajea a ciudadanos amenazando con publicar fotos íntimas o documentos confidenciales. De lo que aquí se trata es de que una empresa, Cambridge Analytica, ha recopilado y hecho uso de datos de hasta cincuenta millones de ciudadanos. Pero no de datos privados sino de datos que de una forma u otra estos usuarios han cedido a Facebook de forma voluntaria. Puede discutirse si, al ceder esos datos, se era consciente de los riesgos que acompañan a esta cesión. Pero de lo que no hay duda es que son datos que el propio usuario cede a Facebook, en muchos casos sin que esta empresa se los pida. Como pasa cada vez que alguien tiene la ocurrencia de colgar subir a la red una foto de sus vacaciones desde la piscina de un resort caribeño: nadie le obliga a hacerlo.

Es verdad, dirán algunos, que el hecho de colgar esa foto no autoriza a Facebook ni a nadie a hacer uso de ella de forma vejatoria o en perjuicio de la persona fotografiada. Pero es que ni Facebook ni Cambridge Analytica lo hacen. Por divertida que resulte la foto, lo que se busca aquí no es la foto en sí misma ni sus discutibles valores estéticos, sino el dato (o el metadato) que tras la foto se esconde: el perfil del usuario, su ubicación, el color del bañador, si es calvo o no, etc. Este conjunto de datos forman la materia prima a partir de la que se construye el famoso big data.

Visto así, podemos pensar que lo ocurrido tampoco es tan grave. Que vivimos en una sociedad en la que la publicidad nos incita a consumir compulsivamente, no es una novedad. Tenemos claro que el consumismo existía mucho antes de Facebook y de Internet. En este sentido, las redes sociales son simplemente nuevos canales que usan la publicidad y el marketing para llegar al consumidor y modelar sus gustos. Pero ¿quién se atreve a decir que esto sea malo? ¿No es hoy casi un deber cívico estimular el consumo y eso que denominan la demanda interna? Por otro lado, obtener este fabuloso néctar del big data y ponerlo a la venta ¿no es acaso el objeto empresarial principal de Facebook?

Ello nos lleva al segundo motivo de por qué este caso no es un caso normal de un mal funcionamiento de una empresa. No lo es porque no está nada claro hasta qué punto la empresa ha funcionado mal. Es decir, hasta qué punto Facebook no ha hecho sino lo que se espera de ella. Lo que sí es cierto es que esta vez ha traspasado una línea roja de la que apenas teníamos conocimiento, pero que ha provocado más de un sarpullido: ha permitido el uso del big data para la manipulación política.

La posibilidad de manipular a la opinión pública y afectar a los resultados de procesos electorales es algo que los gobiernos no están dispuestos a tolerar. Es por ello de que nadie duda de que, más pronto que tarde, establecerán las regulaciones y las cautelas necesarias para evitar que se repita algo parecido a lo que parece que ocurrió en las últimas elecciones presidenciales en EE.UU. o con el referéndum del Brexit. El tema es lo suficientemente delicado como para que se lo tomen en serio, pues ya no se trata de favorecer a uno u otro partido o que estos mecanismos se encuentren en manos de una potencia extranjera. Se trata sobre todo de que con ello se socava la legitimidad de todo gobierno democrático pues qué credibilidad va a poder tener un proceso electoral si no hay forma de saber si se ha manipulado burdamente a sus votantes.

Concluyamos pues que la raíz del problema es que se ha hecho un uso no controlado del big data en el ámbito político, pues parece que, fuera de este ámbito, son pocos los que tienen algo que reprochar respecto al modelo empresarial de Facebook. Modelo que no es esencialmente diferente del de otros gigantes de la red. La conclusión parece clara: se nos puede manipular como consumidores pero los gobiernos no van a consentir que se nos manipule como votantes. Alguien podrá decir que el consumidor siempre tiene la opción de abandonar Facebook, pero en la práctica este abandono no es tan sencillo. La actividad habitual en Internet para muchas personas se limita a poco más que visitar esta red social y a mandar mensajes por Whatsapp: ahí está su universo de relaciones, amistades, familia, clientes… Por cierto que esta última aplicación pertenece también a Mark Zuckerberg. Como Instagram. Y a todo esto no hemos hablado para nada de Google, cuyos tentáculos van posiblemente más allá de los de Facebook. Que levanten la mano quienes no tengan una cuenta de Gmail…

Publicado en El Mundo/El Día de Baleares el 3/4/2018

Mi casa es mi hotel

Casi sin querer, parece ser que el Parlament balear aprobó días atrás una modificación normativa de cierto calado sobre alquileres turísticos. Este tipo de alquiler se encontraba ya regulado en la ley de turismo de 2012, si bien en ella se limitaba la posibilidad de alquilar viviendas como servicio turístico a las viviendas unifamiliares aisladas, esto es, chalés, casas de campo y edificaciones análogas. Con ello se acotaba un perfil de edificación concreto pero, sobre todo, se limitaba el número de plazas potencialmente ofertables, pues la mayor parte de viviendas en Baleares son pisos ubicados en edificios plurifamiliares y estos quedaban fuera de juego.

Sin embargo, el actual gobierno ecosocialsoberanista ha promovido la modificación de esta regulación para permitir, a priori, el uso de cualquier piso como alquiler vacacional, si bien con la posibilidad de restringir esta potestad en función de unas posteriores zonificaciones o de límites en razón del número de viviendas por propietario. Incluso parece ser que se fomenta, con algunos límites, que uno alquile su propia vivienda.

Antes de nada, debo confesar mi estupor por el hecho de que esta propuesta liberalizadora provenga de un gobierno tan supuestamente escorado a la izquierda, pues a mí me recuerda mucho a lo que décadas atrás se llamó capitalismo popular y que propugnó sobre todo Margaret Thatcher, alentando a que todo británico fuera empresario. En esta misma línea, parece que el actual gobierno ha optado por hacer renacer el thatcherismo más clásico, ofreciendo la posibilidad a todo balear de convertirse en lo que siempre ha querido ser: un hotelero.

Mi estupor se acrecienta si tenemos en cuenta como los ecosoberanistas, promotores directos de la norma, han demonizado tradicionalmente al hotelero como origen de todas las plagas bíblicas de la balearización. Es de justicia reconocer en ello el mérito del vicepresidente Barceló como el más digno sucesor de Ionesco, y eso que los artistas de Podemos no se lo ponen nunca fácil.

Es verdad que, al final, la ley que se ha aprobado es básicamente un desaguisado jurídico sobre el que nadie se atreve a aventurar lo que regula. Pero esto, en el fondo, casi es lo de menos. Lo preocupante de la propuesta es el mensaje que se lanza de que todo habitáculo balear, incluido el propio, es un hotelito en potencia. Un mensaje que muchos ya habían interiorizado, hasta el punto de que es fácil encontrar personas que viven en verano en casa de sus padres para poder alquilar así su propia vivienda con importantes beneficios. Cuando se trata de ganar dinero, aquí todo vale. Ya se sabe, lo que de verdad importa es poder realizar el viaje soñado o conducir un coche de esos que a uno le diferencian del vulgo mileurista.

En sí esto es ya un primer problema, pues lo que realmente promueve esta normativa no es otra cosa que la codicia, hasta el punto de incitar al ciudadano balear a sacrificar la inviolabilidad del domicilio y permitir su uso por desconocidos con solvencia económica acreditada. Mientras los británicos siguen sosteniendo, desde hace siglos, aquello de My home is my castle, en Baleares acabamos de proclamar por ley que “mi casa es mi hotel”.

Se me puede contraponer que no es misión del legislador legislar sobre las virtudes del ciudadano y que todos somos libres de ser codiciosos si queremos. Podríamos discutir mucho sobre ello, aunque no es este el lugar, ni es mi intención abogar por la penalización de la avaricia. Pero pienso que sería un error permitir que nuestras leyes propugnasen un modelo de ciudadano al estilo de Shylock o Scrooge.

No obstante, los efectos de esta norma van más allá de la propagación de determinados estereotipos literarios. Son harto conocidos los efectos de la proliferación de este tipo de actividad en el mercado de la vivienda, sobre todo el del alquiler, con lo que las posibilidades de que los jóvenes se emancipen o de que trabajadores de fuera puedan establecerse aquí se reducen muchísimo.

Por otra parte, ya se empieza notar en algunos barrios tradicionalmente residenciales el predominio del uso turístico, lo que terminará transformando ese barrio provocando que sus servicios y comercios cierren o se adapten a la estacionalidad propia del flujo de turistas: ajetreado bullicio en verano y un barrio a medio gas en invierno, con bares a media jornada y colmados en régimen de fijo discontinuo. Al final, lo que resulta de este proceso no es algo tan distinto a un gueto, aunque en este caso sea de alto standing. Pero no por ello deja de ser un gueto.

No quiero decir con ello que la alternativa sea la prohibición. Yo no me opongo a que existan viviendas que se alquilen como uso turístico, pero sí a convertir las ciudades y los pueblos en complejos hoteleros. Y a eso vamos si esa posibilidad no se limita.

La función social del derecho a la propiedad privada, que proclama el artículo 33 de nuestra Constitución, ampara no solo que deba garantizarse, por ejemplo, el disfrute de una vivienda digna y adecuada, sino también poder vivir en un pueblo o ciudad que permita la convivencia y la vida comunitaria de sus vecinos. Y garantizar esto corresponde en primer lugar a los poderes públicos.

La normativa sobre el alquiler turístico aprobada la legislatura anterior es sin duda mejorable, pero ello no debe pasar por ceder a las ansias de dinero fácil de muchos propietarios, dispuestos a ceder su propio hogar a cambio de unas perras. La ciudad es de todos, incluso de aquellos que no figuran en el Registro de la Propiedad. Y debe ser para todos, incluidos los que nos visitan. Con independencia de que, en su casa, cada uno se sienta en su castillo.

Artículo publicado en el diario El Mundo/El Día de Baleares el 28 de julio de 2017

Mártires de una conclusión

Como ocurre en la entrada de un buffet libre un domingo a mediodía, en cada proceso electoral vemos como los partidos tradicionales y los nuevos se baten a empujones para ver quién entra primero y consigue una mejor posición que los demás. Lejos de desvanecerse, como algunos habían soñado, los partidos emergentes van arrinconando a los decrépitos partidos de toda la vida, que sin embargo se resisten a morir del todo. Según el país que se trate, los partidos más radicales se sitúan a derecha o a izquierda y su volatilidad es elevada, para consuelo de sus rivales. Mayor pánico, aunque inconfesado, provocan los partidos moderados, cuyos líderes aparecen siempre impolutos y con un aspecto sano, como si acabaran de rodar el anuncio de un champú anticaspa. Pero ¿a qué viene esta debacle general?

No son pocos los análisis que se han venido realizando para explicar este fenómeno, centrado sobre todo en la aparición de lo que se ha venido a llamar “populismo”. Sin embargo, llama ya la atención el uso de este término, que normalmente se caracteriza por un elevado nivel de desideologización y que hoy, paradójicamente, se atribuye a las fuerzas políticas más ideologizadas. Lo cierto es, en todo caso, que su éxito es indiscutible en muchos lugares y entre importantes capas sociales, y una de las principales causas del éxito es precisamente esta carga ideológica que conlleva.

Para entender lo que está pasando, no podemos dejar de lado el proceso de desideologización que se ha producido en las tres últimas décadas. Recordarán los lectores menos jóvenes como la caída del bloque soviético a inicios de los años 90 del siglo pasado supuso un importante cambio de paradigma. En 1992 un autor hasta entonces bastante desconocido, Francis Fukuyama, declaró el fin de la historia y el oasis de paz neoliberal se extendió en la gran mayoría de pueblos y ciudades: la economía empezó a crecer a la par que nacían milagros tecnológicos como los teléfonos móviles o Internet. El capitalismo había triunfado y se constituyó como dogma de fe. La lucha de clases se declaró enfermedad extinguida, curiosamente gracias a un tratamiento de homeopatía política a base de capitalismo y más capitalismo. El afán consumista no dejaba tiempo para seguir con las viejas etiquetas de derechas o de izquierdas. En el mundo de los partidos políticos todos se volvieron de centro, es decir, desideologizados. Y claro, se olvidaron de la gente.

La facilidad con que todo parecía funcionar era tentadora. El paradigma neoliberal permitía gobernar con una hoja de cálculo en la que uno se limitaba a ajustar valores para mantener un equilibrio mínimo. Es verdad que los partidos podían diferir a la hora de decidir qué valores se alteraban: subir tributos, endeudarse, aumentar el gasto de inversión pública, etc. Pero determinadas celdas de la hoja de cálculo estaban protegidas, garantizando así la estabilidad del sistema. Todo fue sobre ruedas hasta 2008, cuando esa misma hoja de cálculo que era adorada por la gran mayoría, de repente fue vista como un artefacto diabólico: exigía unos ajustes insólitos y unos sacrificios que superaban con creces lo que la gente estaba dispuesta a asumir. Y fue entonces cuando el sueño neoliberal de los locos años 90 acabó.

Aun así, durante años, la élite política y económica se llegó a convencer de que las ideologías eran cosa del pasado y que las personas por fin entendían, o al menos asumían, que la sociedad moderna se regía por un determinado orden y unas leyes que, de seguirse, garantizaban un futuro feliz. Pero no es así. Las personas pueden entender más o menos las leyes económicas, pero aun así se dejan llevar por estímulos muy diferentes, por impresiones, por sentimientos derivados de algún suceso concreto, por imágenes que surgen de la propia sociedad. Es decir, actúan a menudo con el corazón y no en función de la razón.

Solo así se explica por qué tantos millones de catalanes están dispuestos a apostar por la independencia de Cataluña en un referéndum tan irrealizable como de consecuencias nefastas para ellos. O por qué en Baleares el anterior gobierno del PP fracasó al minimizar la importancia de las movilizaciones de miles de padres que se oponían a que sus hijos aprendieran inglés si era en detrimento del catalán. En ambos casos, y son solo dos ejemplos aislados, la razón apuntaba indefectiblemente a una única conclusión: la gente no puede aceptar algo que es evidente que le perjudica en sus intereses más directos. Pero, de hecho, vemos que sí lo hace.

De la misma forma, fue un gran error pensar que la gente asumiría recortes y escaseces a partir de la conclusión de una hoja de cálculo. Seguramente fueron inevitables, pero alguien debió prever la contra-reacción ante la falta de aceptación general. Pero no se hizo y, por ello, las nuevas dosis de ideología que aportan los partidos más extremistas han sido recibidas con entusiasmo. La gente se aferra a los nuevos dogmas con inusitada fe (los políticos son ladrones, los extranjeros abusan del sistema, los turistas agobian etc.) mientras la élite contempla la escena con los pelos de punta y sin entender qué ocurre.

Desgraciadamente, la regeneración por la que claman los partidos tradicionales no parece ir más allá de un cambio de líderes y, en muchos casos, el mensaje sigue anclado en los datos y en las cifras, sin ser capaces de enviar un mensaje político con contenido, con ideas más allá de una simple conclusión numérica. Así no van a ningún lado y su deterioro continuará imparable, mientras sus apoyos caerán irremediablemente. Ya lo apuntaba John Henry Newman allá por 1841: “muchos hombres viven y mueren por un dogma, pero nadie es el mártir de una conclusión”.

Artículo publicado en el diario El Mundo/El Dia de Baleares el 20 de julio de 2017

Caer en la provocación

Desde hace unos días se ha instalado en las páginas de los medios y de las redes sociales una polémica importante acerca de un autobús con publicidad aparentemente homófoba. Esta presencia no solo ha puesto en pie de guerra a entidades favorables a lo que se viene denominando la ideología de género, sino que ha provocado la reacción de la administración pública, incluso en su vertiente penal.

Paralelamente, en unas fiestas de Carnaval, se ha otorgado un premio a una representación en la que una persona aparecía vestida de Virgen María y acababa aparentando la figura de Cristo crucificado, todo ello en un contexto festivo y burlesco, lo que ha airado a no pocos creyentes.munilla

Esa coincidencia temporal ha provocado que más de uno compare el tratamiento tan distinto entre ambos acontecimientos. Así, el obispo de San Sebastián, monseñor Munilla, criticaba con ironía como en España se censuraba expeditivamente el mensaje del autocar y, en cambio, se toleraba y amparaba la parodia carnavalesca.

A todo ello, y sin entrar a valorar aspectos concretos de estos hechos, se me ocurren las siguientes reflexiones:

1. Se hace necesario buscar un equilibrio entre la libertad de expresión o de culto y los llamados delitos de odio o similares. No es fácil. Lo vemos cuando se condenan determinados chistes en Internet, o cuando alguien niega el holocausto judío… no siempre es sencillo fijar el límite.

2. Este tipo de delitos tiene un componente cultural muy fuerte y un dinamismo propio. Por tanto, lo que hace años era admitido, hoy no lo es. No hace tanto tiempo era habitual –aunque fuera en tono jocoso- llamar “sexo débil” a las mujeres. No tardaremos mucho en ver gente procesada por proferir esta frase públicamente. Al tiempo.

3. En relación al tema de la ideología de género y derivados, es verdad que choca con la forma de pensar de no pocas personas y, en especial, de muchos creyentes católicos. Pero no podemos olvidar que existe todo un corpus legal que legitima esta ideología, tanto a nivel estatal como autonómico, en muchos casos aprobado con el consenso de la mayoría de partidos, tanto de derecha como de izquierda. Por tanto, no se puede sostener que esta ideología carezca de respaldo social.

4. Que la ideología de género tenga respaldo social nada dice de su legitimidad moral y, por tanto, los que se oponen a ella tienen todo el derecho del mundo a criticarla. Es más, los cristianos tenemos incluso el deber de criticarla en aquello que atenta contra la dignidad humana conforme al Magisterio de la Iglesia.

5. También tenemos el derecho a criticar actuaciones que atentan contra nuestras creencias, pero sin olvidar que hay que exigir el respeto para las creencias de otras personas. No somos los únicos ni debemos pretender un trato especial. Es bueno que queramos que se reconozcan las raíces cristianas de nuestro país, pero estaremos ciegos si no reconocemos que la savia cristiana apenas recorre ya unas pocas ramas del árbol.

6. Sin embargo, más importante que el derecho a criticar a los demás es dar testimonio de nuestra fe. Y este es un hecho diferencial importante para entender por qué pienso que son equivocadas determinadas reacciones de creyentes frente a ciertas actitudes o prácticas.

La actuación de la organización que ha fletado el autobús es una reacción a priori legítima, sin entrar ahora en si el contenido puede infringir preceptos legales o no. Pero no es –o no debería ser- una reacción propia de un grupo que se defina como cristiano, ni por supuesto de personas o grupos vinculados institucionalmente a la Iglesia. ¿Por qué? Porque no es propio del cristiano provocar al contrario ni airar al enemigo. Es propio, sin duda, de las organizaciones del mundo, sin que con ello menoscabe su legitimidad. Pero no es esta la clase de testimonio que Jesús espera de nosotros.

Ello no quiere decir que debamos callar ni asumir las ideologías que la sociedad va imponiendo poco a poco. Ni mucho menos. Pero el cristiano no debe caer en las prácticas mundanas, pues entonces quedará confundido con los demás colectivos. No es posible luchar contra los demás con sus mismas armas, aunque con ello debamos asumir perder algunas batallas.

Recordemos el sermón de la montaña: somos dichosos cuando tenemos hambre de justicia, cuando trabajamos por la paz o cuando somos perseguidos por causa de Jesús. Pero no lo somos cuando actuamos saciados de nuestra justicia, cuando imponemos nuestra paz o cuando perseguimos a aquellos que no conocen a Jesús. Si, de todas formas, nuestro reino no es de este mundo, ¿qué sentido tiene sacrificar uno solo de nuestros principios para una batalla posiblemente perdida de antemano?